Este estudio se ha centrado en el análisis de las normativas específicas dictadas entre el 2020 y 2021, con las que se implementó el teletrabajo emergente en el contexto de la pandemia del COVID-19 y sus efectos. El estudio versó sobre los servidores y trabajadores del Ministerio del Trabajo en Quito. Se investigó la implementación del teletrabajo a partir de la pandemia para determinar si con ello se violentaron principios y derechos laborales en vista del incremento de la carga de trabajo. Dicho incremento obedeció a las gestiones laborales, familiares, actividades de cuidado que generaron jornadas extendidas de trabajo, conllevando así a un desequilibrio económico, inequidad y falta de solidaridad con los empleados públicos. Se evidenciaron falencias y vacíos normativos que es de esperar se corrijan.
