El embarazo adolescente constituye un serio problema vinculado a la violencia de género, desigualdad estructural y falta de acceso a servicios básicos y de salud. Dentro de las obligaciones del Estado ecuatoriano se debe priorizar la garantía de derechos y la equidad de oportunidades para los infantes y adolescentes. Sin embargo, al hacer una retrospectiva a lo largo de los años se puede evidenciar que muy poco se ha hecho para garantizar dichos derechos y para proveer de educación sexual integral pues la problemática de embarazo adolescente ha persistido y lejos de que esta pueda ser erradicada, en algunas zonas y bajo realidades distintas esta se agudiza aún más. En respuesta a esto el Estado implementó en el año 2018 la “Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes” (PIPENA, 2018) que es una estrategia para tratar las múltiples causas del embarazo adolescente, priorizando derechos humanos, acceso a servicios de salud reproductiva y educación sexual.
Se desarrolló un análisis crítico con la finalidad de conocer la efectividad, adelantos y restricciones en la ejecución de esta política pública en el contexto ecuatoriano, abordando el nivel de cumplimiento respecto a las metas de reducción de embarazo adolescente en los grupos 15 a 19 años. La Política Intersectorial se enmarca dentro una normativa importante y necesaria, sin embargo, el impacto que ha tenido ha sido limitado pues han existido diversas inconsistencias tanto es su elaboración como en su implementación y su seguimiento.
