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Análisis de la constitucionalidad del régimen que regula a la Central de Riesgos(PUCE - Quito, 2011) Abad Freile, Sylvia Virginia; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo trata de llegar de manera objetiva a un análisis de la constitucionalidad de los actos de la Central de Riesgos, este tema es bastante delicado, ya que en varias ocasiones esta institución ha sido severamente atacada debido a que en la actualidad podemos ser testigos de la violación reiterada de derechos fundamentales que se realiza en nombre de un antecedente crediticio. El mal manejo y la depuración tardía de la información que consta en la Central de Riesgos ha hecho que cada día crezca más la duda de si es o no justificable, en derecho, la existencia de la misma. Se analiza de manera histórica el nacimiento de la Central de Riesgos en Ecuador y también se compara el manejo que se da a la misma en diferentes países, con esto lo que se consigue es establecer la importancia de este sistema, su funcionalidad, sus falencias y qué sucedería sin su existencia. Además que nos permite establecer un contraste con los demás ordenamientos jurídicos. El inicio del debate de si debería existir o no esta central se da desde el momento mismo de su creación, pero toma mayor importancia a inicios del 2008 cuando el actual régimen, por un interés personal, critica duramente a esta central, hace la promesa de que retiren los nombres de, al menos, las personas que constan ahí por haber sido garantes...Item Open Access
Análisis de la constitucionalidad material de la facultad tributaria en proyectos de ley calificados como económicamente urgente por el presidente(PUCE - Quito, 2017) Enríquez Recalde, Samantha Paola; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEn esta investigación se desarrolló un análisis sobre la potestad tributaria, su definición, conceptualización y características, diferenciando la soberanía financiera y la soberanía tributaria. En relación con la legislación ecuatoriana, se observó y estructuró la distribución de la potestad tributaria establecida en la Constitución de 2008, junto con el resto de normativas vigentes. También se enunciaron los principios que regulan la soberanía tributaria, su ejercicio y facultades. Determinados estos los límites de la Potestad Tributaria, se analizó en detalle el principio de legalidad en materia tributaria, sus facetas normativas y aplicativa, con especial énfasis en sus antecedentes. Dentro de esto, como parte medular del presente de trabajo, se estudió y escudriñó el principio de reserva legal en materia tributaria; de esta forma se pudo determinar su enlace, aplicabilidad y excepciones, relacionados con la legislación constitucional ecuatoriana desde la formación del estado y los pronunciamientos de los máximos órganos de control constitucional. Con respecto a la calificación de urgente aplicada a los proyectos de ley que crean, modifican y extinguen impactos, se revisó el desarrollo de la legislatura de urgencia en Ecuador. Para esto se determinó los requisitos que establece la normativa para que el presidente pueda calificar con carácter de urgente un proyecto de ley, y se comparó con la legislación de diferentes países americanos acerca de esta facultad común en los sistemas presidencialesItem Open Access
Aplicabilidad de los principios de seguridad jurídica e independencia de poderes, en procesos del tribunal contenciosos tributario número 1, del período 2012-2016(PUCE - Quito, 2018) Encalada Luna, Nicole Carolina; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoPara el correcto funcionamiento de un Estado, es necesario contar con pilares que garanticen que el mandato del pueblo se cumpla en las esferas del poder, siendo dos de estos pilares la independencia de poderes y la seguridad jurídica. El primero busca que el poder no se concentre en un solo personaje gubernamental, sino que existan mecanismos que controlen el poder ejecutado por los gobernantes, buscando evitar la discrecionalidad y arbitrariedad, mientras que, por otro lado la seguridad jurídica, es concebida como la herramienta de los ciudadanos para defenderse del Estado, pues ante un posible conflicto, las normas que resuelven el mismo deben ser conocidas y no podrían ser alteradas o modificadas. El Ecuador ha vivido un proceso de transformación en los últimos años, parte de la cual ha consistido en la restructuración de varias de sus instituciones, que han tenido como consecuencia una concentración del poder. La finalidad del presente estudio consiste en realizar una recopilación de datos fácticos, que permitan establecer si en el Ecuador goza de los pilares fundamentales señalados y si éstos son aplicados particularmente en procesos de materia tributaria, para lo cual se ha dividido el trabajo de investigación en tres puntos: El primer punto realiza un recuento histórico, que nos recuerda bajo qué escenarios se han logrado consolidar los principios objeto de estudio, las luchas sociales que se han tenido que producir para establecer elementos que garantizan la libertad del pueblo. Como segundo punto, se expondrán algunos aspectos que permiten generar una visión de la realidad del Ecuador en contraste con los principios de independencia de poderes y la seguridad jurídica. Aspectos que giran alrededor de estudios de nivel internacional y sucesos producidos en los poderes del Estado Ecuatoriano. Finalmente, se analizarán como estos principios que protegen a todos los ciudadanos, han sido aplicados en procesos judiciales contenciosos tributarios. La razón por la que se ha escogido dicha rama del derecho, radica en la importancia y sensibilidad de la misma, la facilidad con la que se puede ver alterada por los gobernantes del momento, con la finalidad de responder a sus intereses. V Una vez expuestos todos los puntos especificados, se podrá llegar a la conclusión de que Ecuador ha sufrido una desinstitucionalización, que ha producido una dependencia de poderes e inseguridad jurídica, que afecta de forma directa a los derechos de los ciudadanos.Item Open Access
Compatibilidad entre el Derecho a la motivación y la emisión de sentencias orales en el proceso civil ecuatoriano(PUCE - Quito, 2020) Rivadeneira Pinargote, Luis Antonio; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl Código Orgánico General de Procesos, ha traído como novedad, entre otros aspectos, el sistema de emisión de sentencias orales para poner fin al proceso en materia civil. Este actual sistema desencadena una serie de problemas como la carencia de seguridad jurídica de los fallos que son emitidos oralmente. Los jueces ecuatorianos aún no están preparados para poder decidir con la inmediatez y rapidez que implica dictar resoluciones orales que pongan fin al proceso y otorgar un nuevo status jurídico a las partes procesales. La legislación procesal civil de Ecuador, no es del todo correcta al establecer que las sentencias sean dictadas oralmente inmediatamente al finalizar la audiencia, sin tomar en cuenta los requisitos que la misma ley, jurisprudencia y doctrina imponen; como es la motivación de las sentencias. Por la naturaleza misma de la motivación de la sentencia, es necesario que la forma en cómo es pronunciada la sentencia se adecue a los requerimientos del caso. En este trabajo se analiza y desarrolla las instituciones como la motivación, resoluciones judiciales, seguridad jurídica con el fin de identificar los erros y plantear soluciones sobre este tema.Item Open Access
Control constitucional de los estados de excepción(PUCE - Quito, 2012) Guala Mayorga, Angel Eduardo; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoLa presente disertación ha sido denominada “Control Constitucional de los Estados de Excepción”. En el Ecuador, la facultad de dictar estados de excepción es única y exclusivamente del Presidente de la República, es por ello que para evitar que éste cometa alguna clase de arbitrariedad o abuse de su poder, el derecho constitucional ecuatoriano ha establecido dos tipos de controles, respecto de los decretos que contienen estados de excepción, el primero se lo puede denominar control político, el cual es ejercido por la Asamblea Nacional, mientras que el segundo es el control constitucional, el mismo que es efectuado por la Corte Constitucional. El presente trabajo, se ha enfocado exclusivamente en el control constitucional de los estados de excepción, estableciendo la importancia que éste tiene dentro de un estado constitucional de derechos y justicia, como lo es el caso ecuatoriano. Las atribuciones que se otorgan al Presidente de la República, cuando se adopta un Estado de Excepción no son ilimitadas, sino más bien por el contrario, son taxativas y limitadas. La Constitución reglamenta los estados de excepción; es por ello que el control constitucional de los decretos que contienen estados de excepción, debe ser oportuno y bien desarrollado, pues dentro del mismo se ha establecido ciertos parámetros que deben evidenciarse para que se declare la constitucionalidad de los decretos de excepción, caso contrario o de no cumplir con los requisitos establecidos se lo debe dejar sin efecto y por lo tanto fuera del ordenamiento jurídico. A lo largo del desarrollo del trabajo se hace énfasis que en el Ecuador aún no se ha conformado la primera Corte Constitucional, sin que ello implique que no se ha efectuado el control constitucional de los decretos de excepción que ha dictado el Presidente de la República, puesto que ésta atribución ha sido adoptada y desarrollada por la Corte Constitucional para el Periodo de Transición.Item Metadata only Derecho constitucional(2020) Guerrero del Pozo, Juan Francisco; Méndez Reátegui, Rubén Carlos Braulio; Zaidan Albuja, Salim Marcelo; Barcia, R., Lascano, G., Méndez, R., y Safar, M.Aunque este tema se imparte en el primer semestre de universidad, es reiterativo mencionar que los noveles estudiantes de derecho no se van a encontrar muy a menudo con un problema de reforma de la constitución. Esto es así puesto que nadie con potestades o injerencia directa plantea uno de estos problemas de manera recurrente. Sin embargo, desde una perspectiva teóricoanalítica se debe considerar que todo el Derecho Constitucional que un estudiante va a estudiar y aplicar descansa -en el fondo- en la reforma de la constitución como instrumento jurídico-político.Item Open Access
Derechos políticos de los extranjeros(PUCE - Quito, 2011) Heredia Donoso, Gerardo Sebastián; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoA partir de la aprobación y promulgación de la actual Constitución de la República del Ecuador el ordenamiento jurídico sufrió varias modificaciones; entre las cuales, surgió el tema que se tratará en la presente disertación. Siempre ha existido la percepción de que las personas extranjeras no tienen la misma cualidad o estatus que las personas que pertenecen o forman parte de un Estado determinando, por lo que tradicionalmente se ha diferenciado a raja tabla entre un ciudadano y un extranjero, restringiendo a éste último de varios derechos y deberes garantizados en el ordenamiento jurídico.Item Open Access
El alcance de la reparación integral en la acción extraordinaria de protección(PUCE - Quito, 2017) Palacios Abad, Xavier Hernando; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo tiene como propósito profundizar respecto a un tema que a pesar de tener una gran connotación práctica en la acción extraordinaria de produción, no ha sido objeto de un amlio estudio en nuestro país, lo que han generado que, inclusive, la propia Corte Constitucional adopte posturas contradictorias, sin reparar en las consecuencias que esto implica en el sistema jurídico ecuatoriano. Los inconvenientes y problemas que serán abordados en esta disertación, tienen su origuen en el texto de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Judiciales Y Control Constitucional, por cuanto en ninguno de estos cuerpos normativos se regularon expresamente los efectos procesales que supone la procedencia de la acción extraordinaria de prpotección. En otras palabras,ni el constituyente, ni el legislador, remediaron en advertir el alcance de la repareción integral integral en la garantía jurísdiccional. Sumado a esto, la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional poco o nada ayuda a solventar los inconvenientes descritos,ya que la misma es constantemente cambiable y poco sólida. De hecho, esta magistratura, en mas de una ocasión, ha emito pronunciamientos antagónicos y contradictorios sobre los efectos procesales de la acción extraordinaria de protección; lo que, al final de día, se traduce en inseguridada jurídica para los justiciablesItem Metadata only Las garantías jurisdiccionales constitucionales en el Ecuador(2020) Guerrero del Pozo, Juan FranciscoLa presente obra ha sido elaborada con el propósito de dar contestación a una interrogante: ¿Qué se debe tener presente al momento de elaborar, contestar, sustanciar o resolver una garantía jurisdiccional constitucional? El libro analiza, con una visión esencialmente práctica, cada una de las garantías jurisdiccionales constitucionales previstas en nuestra legislación, procurando: (i) identificar los nudos críticos de cada una de ellas; y, (ii) brindar, frente a dichos nudos críticos, una solución viable y compatible con las características de las garantías. En esta obra se recopila y procesa la jurisprudencia más relevante en materia de garantías jurisdiccionales, de tal forma que el lector, pueda conocer cuáles son las líneas jurisprudenciales que han existido y que actualmente prevalecen en diferentes temas y pueda tener una idea relativamente clara de cuál va a ser la posición de los órganos jurisdiccionales en los diferentes escenarios que pueden surgir en la práctica diaria.Item Open Access
La acción de hábeas data como una garantía jurisdiccional en la constitución de 2008, aplicación y formas de hacerla efectiva en la práctica(PUCE - Quito, 2014) Dávila Caicedo, Esteban Andrés; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar si en la práctica la garantía jurisdiccional constitucional de Hábeas Data es efectiva, por esto que hemos decidido tomar un enfoque que va desde lo doctrinario hacia lo práctico, y así ver si los aplicadores de justicia en el Ecuador efectivamente están empleando los principios contenidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, caso contrario, plantear alternativas decómo se debería resolver las acciones iniciadas por Hábeas Data. La metodología empleada para la consecución de los objetivos planteados, versa básicamente en dos grandes procesos. El primero analizar en ladoctrina qué se ha escrito al respecto, y el segundo, un estudio de la legislación ecuatoriana. Con esto pretendemos evaluar si los principios comúnmente aceptados en la materia, fueron plasmados en nuestras Cartas Magnas y si los mismos son verdaderamente aplicables y aplicados. Por lo tanto, la investigación será esencialmente cualitativa, porque se espera que los resultados reflejen con precisión qué sucede con el Hábeas Data dentro del medio ecuatoriano, en otras palabras, cómo se protegen nuestros datos sensibles y privados, desde el ámbito jurisdiccional. Inductiva para el análisis de casos, puntualizando en los siguientes aspectos: 1. ¿En qué consiste, de manera general, el análisis realizado por los jueces constitucionales? 2. ¿La reparación integral del daño es aplicada en acciones jurisdiccionales de Hábeas Data? Y deductiva para en las conclusiones, puntualizar qué tan efectivo es en la práctica el Hábeas Data. Obtuvimos como principales resultados que el Hábeas Data es una garantía jurisdiccional que es poco usada por los abogados ecuatorianos, y que para que el Hábeas Data sea un mecanismo eficiente y eficaz que tutele los derechos que emanan del mismo, es necesario que a más de existir dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sea correctamente aplicado por los jueces y los abogados patrocinadores de las causas; y, receptado por quienes manejan nuestras bases de datos.Item Open Access
La acción extraordinaria de protección como medio de tutela de derechos vulnerados en laudos arbitrales(PUCE - Quito, 2024) Chang Cosíos, Jorge Francisco; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo de titulación analiza la interacción entre el arbitraje y la protección de los derechos fundamentales en el Ecuador, con énfasis en la acción de nulidad del laudo arbitral y la acción extraordinaria de protección. A través de un enfoque doctrinario, teórico y jurisprudencial, se desarrollan tres ejes: los principios fundamentales del arbitraje, las acciones de control que garantizan los derechos constitucionales en el arbitraje y el papel de la Corte Constitucional en la resolución de conflictos derivados del arbitraje. En la primera parte, se examinan las bases teóricas del arbitraje, abordando los principios que lo rigen, como la autonomía de la voluntad, la inapelabilidad y el principio kompetenz-kompetenz. También se analizan las diferencias entre el arbitraje en Derecho y en equidad, destacando la relevancia de respetar las garantías fundamentales en ambos tipos de arbitraje. La segunda sección se centra en la acción de nulidad del laudo arbitral, considerada el principal mecanismo de control jurídico en el arbitraje. Se exploran sus causales, naturaleza y límites, enfatizando su función en la corrección de irregularidades procesales y la protección del debido proceso. Además, se analiza la relación de cada causal con los derechos constitucionales y los casos en que su agotamiento es un requisito previo. Finalmente, se aborda la acción extraordinaria de protección, destacando su carácter residual y su papel como última instancia para salvaguardar derechos fundamentales vulnerados. Se explican los requisitos para su procedencia y se establece que, respecto al laudo arbitral, si la vulneración alegada no subsume una causal de nulidad, esta acción puede interponerse directamente. La Corte Constitucional es analizada como garante del equilibrio entre la autonomía del arbitraje y la protección de los derechos fundamentales. Se concluye que, aunque el arbitraje es un mecanismo eficaz de resolución de conflictos, su interacción con el sistema constitucional exige un balance que permita garantizar la eficacia del procedimiento sin comprometer los derechos de las partes.Item Open Access
La falta de motivación como causal de nulidad de laudos arbitrales(PUCE - Quito, 2023) Vázquez González, Sofía Daniela; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo estudia a la ausencia de motivación como causal de nulidad de laudos arbitrales, tomando en cuenta que el incumplimiento a la garantía de la motivación en laudos no se encuentra enumerada en las causales taxativas de nulidad previstas en la ley y en algunos casos ha sido conocida y resuelta por la Corte Constitucional. En el primer capítulo se identifica al arbitraje como un medio alternativo de solución de conflictos sujeto a impugnación por medio de acciones autónomas, como lo es la acción de nulidad, que se interpone solo ante las causales previstas en el artículo anteriormente señalado, y es resuelta por la Corte Provincial. En el segundo capítulo se señala a la motivación como garantía del derecho al debido proceso y defensa, el cual debe ser evaluado de conformidad al último criterio de la Corte Constitucional, en el que se establece que los jueces deben verificar que exista una motivación suficiente y no deben extralimitar su análisis. Finalmente, en el tercer capítulo se analiza a la Acción Extraordinaria de Protección frente a laudos arbitrales, los cuales se consideran resoluciones con fuerza de sentencia, y se determina que la falta de motivación de laudos sí debería considerarse una causal de nulidad y debe ser resuelta por la Corte Provincial.Item Open Access
La institución de la expropiación indirecta como un mecanismo para limitar ilegítimamente la capacidad reguladora de los estados soberanos(PUCE - Quito, 2016) Varela Arias, Carlos Alberto; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoDurante la presente disertación analizaremos, desde una perspectiva teórica, el desarrollo que ha experimentado a través de la historia la institución que se ha denominado “expropiación indirecta”, las diferentes teorías que existen respecto de su contenido y alcance y, sobre todo, la fuerte tensión que su aplicación genera entre la necesidad de proteger los legítimos intereses de los inversionistas extranjeros y la necesidad de defender la potestad de los estados soberanos para autorregularse. Pese a que en Latinoamérica son escasos los estudios que han profundizado sobre el verdadero alcance y contenido de la “expropiación indirecta”, son aún más escasos los que abordan la problemática generada en torno a las posibles limitaciones que la aplicación de dicha institución genera en detrimento de la potestad reguladora de los estados. Es en esta línea que, a fin de aportar al desarrollo de la materia, pretenderemos establecer los parámetros en base a los cuales, sin necesidad de descuidar la protección a las inversiones extranjeras, se garantice a los estados una plena libertad regulatoria. Durante el desarrollo de la presente disertación demostraremos cómo la utilización abusiva o errónea del concepto de “expropiación indirecta” limita, de manera ilegítima, la capacidad reguladora del estado, y, en tal virtud, atenta contra el principio de soberanía estatal y contra el propio sistema constitucional y democrático. Nuestro análisis, pese a que se nutrirá con casos de un sinnúmero de países, pretenderá en todo momento un enfoque internacional que garantice la vigencia de las conclusiones obtenidas en el marco del derecho internacional de protección de inversiones. Para efectos de nuestro estudio comenzaremos definiendo tanto el concepto de expropiación tradicional como el concepto de expropiación indirecta, posteriormente realizaremos un análisis comparativo que nos permita entender las diferencias y, con ello, el verdadero alcance de ambas instituciones para, solo al final, proceder a analizar las implicaciones que la efectiva aplicación de la institución que nos convoca supondría en el marco de los estados constitucionales modernos.Item Open Access
Límites materiales a los mecanismos de democracia participativa: estándares a la Consulta Popular en el Ecuador(PUCE - Quito, 2020) Cárdenas Cifuentes, Juan Francisco; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEsta disertación pretende investigar uno de los mecanismos de la democracia directa -o participativa- que es la Consulta Popular. De manera específica, se pretende analizar los límites formales y materiales que debería tener este mecanismo para evitar pase por alto los elementos constitutivos del Estado de Derecho, producto de una aplicación indiscriminada y absoluta del derecho de participación. Para lograr este acometido, se parte del análisis de los elementos constitutivos del Estado de Derecho. Luego, el fundamento y elementos de la democracia participativa y sus mecanismos, con especial énfasis en la consulta popular, para posteriormente exponer sus problemas. Finalmente, se analizará los límites formales y materiales que han sido reconocidos por nuestra Corte Constitucional; además, a manera de propuesta, se señalarán otros límites.Item Open Access
Los efectos de la inconstitucionalidad del requisito de procedibilidad, en el juzgamiento del delito de peculado(PUCE - Quito, 2020) Vallejo Cabezas, Ramiro Fernando; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo de investigación tiene como tema principal el análisis de la acción de inconstitucionalidad con respecto del requisito de procedibilidad para la prosecución de los delitos en contra de la administración pública, en concreto del tipo penal de peculado. Requisito de procedibilidad, que se encontraba establecido de manera expresa dentro del vigente Código Penal ecuatoriano, el cual limitaba las competencias y facultades de la Fiscalía General del Estado, como titular de la acción penal pública, para que pueda iniciar la etapa procesal de instrucción fiscal. Cabe recalcar que, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, los delitos en contra de la administración pública, como el peculado, son de carácter imprescriptible, tanto en la acción como en la pena, por lo que, podrán ser juzgados y ejecutoriados sin perjuicio del transcurso tiempo. Pero al existir un requisito de procedibilidad establecido de manera expresa en la ley, la prosecución de esta clase de delitos se veía limitada a la existencia del mencionado requisito de procedibilidad, el cual debía ser emitido por una entidad estatal tercera, la cual es la Contraloría General del Estado, misma que cuenta con la posibilidad de determinar responsabilidades de tipo administrativo, civil e indicios de responsabilidad penal, este último convirtiéndose en requisito de procedibilidad, gracias a su facultad de control. Generando una discordancia normativa, ya que la Contraloría General del Estado, cuenta con sus propios términos para el ejercicio de su facultad de control, por lo que, en caso de caducar dichos términos, la emisión del requisito de procedibilidad se veía imposibilitada, haciendo que los delitos en contra de la administración pública, que necesitaban este requisito de procedibilidad, prescribieran por falta de este. Actualmente, ya no es necesario este tipo de requisito de procedibilidad, gracias a que la Corte Constitucional ecuatoriana, declaró la inconstitucionalidad del inciso del artículo vigente del Código Penal donde se encontraba establecido de manera expresa la necesidad del mencionado requisito de procedibilidad. Devolviendo la armonía y coherencia dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, haciendo respetar la imprescriptibilidad constitucional establecida, dentro de este tipo de delitos. Estableciendo efectos retroactivos con respecto de los procesos de peculado, que fueron archivados por falta de un informe emitido por la Contraloría General del Estado que contenga indicios de responsabilidad penal, posibilitando su reapertura para su juzgamiento.Item Open Access
Los medios de impugnación de las medidas cautelares constitucionales en el Ecuador(PUCE - Quito, 2015) Andino González, Stalin Santiago; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl presente trabajo busca hacer una aproximación al problema normativo que enfrenta el procedimiento de medidas cautelares constitucionales, particularmente respecto a la impugnación, e intenta ensayar soluciones prácticas a los problemas detectados, a fin de que las medidas cautelares constitucionales funcionen de manera adecuada en el Ecuador. Inicialmente, se procura alimentar la postura de que las medidas cautelares constitucionales son un medio idóneo de protección de derechos; así mismo se describe su procedimiento de sustanciación en el caso de presentarse de manera autónoma; y adicionalmente se plantean algunas observaciones y precisiones a las propiedades, requisitos de procedencia, características de procedimiento y características de la decisión de medidas cautelares constitucionales. Posteriormente se describe la importancia de la impugnación, partiendo de lo cual, se detallan los medios de impugnación contemplados en la legislación ordinaria; también se realiza una comparación y análisis aplicativo con los medios de impugnación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, haciendo un estudio individualizado y crítico de estos medios de impugnación. Los medios de impugnación tratados son la aclaración, ampliación, revisión, casación, reforma, revocatoria y apelación; también se trata el tema de la acción extraordinaria de protección como medio de impugnación. Finalmente se expone exclusivamente la problemática de las medidas cautelares constitucionales conjuntas o que tienen relación a una garantía jurisdiccional de conocimiento. Es así que, se realiza un análisis del procedimiento de las medidas cautelares constitucionales conjuntas a la acción de protección, hábeas data, hábeas corpus, acción de acceso a la información pública, acción extraordinaria de protección, acción de incumplimiento y acción por incumplimiento. De igual manera, se plantean posibles soluciones a los problemas detectados, como son la conexión entre jueces, las decisiones contradictorias, la separación de procesos, entre otros.Item Open Access
Naturaleza juridica de los mandatos constituyentes y su compatibiizacion con el ordenamiento juridico ecuatoriano.(PUCE - Quito, 2013) Egas Yerovi, David Francisco; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoComo consecuencia del proceso de inestabilidad politica, social y juridica de la decada anterior, el Ecuador emprendio entre los años 2007 y 2008 un proceso constituyente de caracter originatorio...Item Open Access
Propuesta de creación de la Superintendencia del Ambiente(PUCE - Quito, 2014) Rosero Chávez, Diana Carolina; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoEl Ecuador ha tomado el compromiso de manejar toda actividad que realice en el marco del principio de desarrollo sustentable, ello implica tener un control en los recursos naturales y diversidad biológica que posee el estado. Sin embargo, las acciones que ha tomado el Estado, respecto de la ordenación institucional en materia ambiental resultan poco efectivas, esto debido a varios factores, en primer lugar debido a la poca planificación que se tuvo al crear el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, pues ello implica además de la transferencia de funciones, la transferencia de recursos, los cuales no fueron distribuidos a las entidades que adquirieron tales funciones. En segundo lugar la transferencia de competencias condujo a que las instituciones descentralizadas y el mismo gobierno central se atribuyan competencias no normadas, y otras que pese a ser normadas, traen problemas en cuanto a problemas de concurrencia. Es así como el sistema administrativo de gestión ambiental del Ecuador, se ha caracterizado por ser complejo y disperso, ello se refleja en la usencia de normativa ordenada que permita regular el ejercicio de las competencias y a las instituciones con facultades en materia ambiental. Es entonces de vital importancia esclarecer cuales son los alcances que ha tenido y tiene el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental vigente en el Ecuador, ello con la finalidad de comprender cuales fueron las intenciones al implementar tal sistema, y encontrar las causas que generaron tal crisis institucional, pero sobre todo, proponer soluciones de carácter administrativo para la materia en cuestión. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, está regulado por Ley de Gestión Ambiental, misma que se caracteriza por ser una norma amplia y general, que determina los lineamientos y principios de la política ambiental, determinando los derechos y obligaciones de los entes públicos y privados en cuanto a gestión ambiental se refiere.Item Metadata only Reforma constitucional(2020) Guerrero del Pozo, Juan Francisco; Zaidan Albuja, Salim Marcelo; Pontificia Universidad Católica del EcuadorAunque este tema se imparte en el primer semestre de universidad, es reiterativo mencionar que los noveles estudiantes de derecho no se van a encontrar muy a menudo con un problema de reforma de la constitución. Esto es así puesto que nadie con potestades o injerencia directa plantea uno de estos problemas de manera recurrente. Sin embargo, desde una perspectiva teóricoanalítica se debe considerar que todo el Derecho Constitucional que un estudiante va a estudiar y aplicar descansa -en el fondo- en la reforma de la constitución como instrumento jurídico-político.Item Open Access
Regulación legal del fraude cometido por el asegurado o beneficiario en el contrato de seguro privado(PUCE - Quito, 2013) Apolo Montalvo, Carla Isabel; Guerrero del Pozo, Juan FranciscoActualmente el fraude constituye una de las principales causas que amenazan la estabilidad del mercado asegurador. Sus alcances han aumentado significativamente en la última década, y sus modalidades son cada vez más inescrupulosas. No obstante, la ausencia de fallos jurisprudenciales que sancionen el referido ilícito, genera el inevitable cuestionamiento de si se está cumpliendo o no con la finalidad preventiva del Derecho Penal. Por otro lado, existen aspectos criminológicos que particularizan e identifican a este delito como una expresión de la delincuencia socioeconómica. Así también, porque la repercusión negativa del fraude impacta tanto en el patrimonio de la aseguradora, como en el del conglomerado de asegurados, lo cual, sin duda debilita factores esenciales para el mantenimiento y desarrollo de esta institución, lo cual, a su vez afecta el orden socioeconómico del país. En este sentido, se plantea la posibilidad de que este delito pertenezca, a la rama del Derecho Penal Económico y abandone, en consecuencia, las estructuras impuestas por el Derecho Penal Patrimonial, es decir, que pase a ser objeto de una transformación dogmática penal, que le otorgue una protección más adecuada.
