Los derechos del alimentante en los juicios de ayuda prenatal, cantón Otavalo, provincia de Imbabura, período 2023

Abstract

La demanda prenatal se ha erigido como un derecho inherente a la mujer que está protegido en la Constitución, en instrumentos internacionales y en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), y como consecuencia el demandado debe cumplir con esta obligación y enfrentar las sanciones pertinentes por incumplimiento; sin embargo, no se han establecido mecanismos para abordar aquellos casos en los cuales el demandado no sea el padre biológico. Por lo que se planteó con objetivo general conocer la valoración dada por los operadores de justicia a los derechos del alimentante en los procesos judiciales de ayuda prenatal con presunción de paternidad desarrollados en el Cantón Otavalo en el año 2023, mediante la revisión y análisis de las sentencias dictadas, a fin de determinar si hubo o no vulneración de tales derechos. Para lo cual fue necesario seguir una metodología consistente en un enfoque cualitativo, con un nivel de profundidad del trabajo descriptivo, con la utilización del método científico normativista, deductivo y analítico sintético que planteó una situación jurídica compleja porque debe determinar los derechos del alimentado, sin dejar de lado los derechos del alimentante, sobre todo, frente a los juicios de ayuda prenatal. Fue indispensable emplear como técnicas de investigación la revisión documental y la entrevista estructurada con sus respectivos instrumentos para concluir que tanto la normativa nacional, los instrumentos internacionales y las decisiones de los juzgadores competentes son proclives a favorecer y proteger, de manera reforzada, los derechos de las mujeres embarazadas y a velar por el derecho del interés superior del niño, sobreponiéndolos sobre los derechos fundamentales del supuesto progenitor quien es demandado por la madre del hijo/a aun sin nacer, sobre todo en aquellos casos en que logra demostrar que no es el verdadero padre biológico, debido a que la normativa revisada no le protege en sus derechos.