Estándares mínimos para el uso progresivo de la fuerza en el marco de las protestas del 2022 en ecuador: análisis de la aplicación de la sentencia 33-20-IN/21 de la Corte Constitucional

Abstract

La presente investigación analiza los estándares mínimos para uso progresivo de la fuerza establecidos en la Corte Constitucional del Ecuador en la Sentencia 33-20-IN/21 y su aplicación durante las protestas sociales de junio del 2022. El estudio entra a ser parte del debate socio jurídico sobre las tensiones entre el derecho fundamental a la protesta y la potestad estatal de mantener el orden público, particularmente frente a las denuncias del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El objetivo general de la investigación es analizar los estándares mínimos fijados en la sentencia 33-20-IN/21, a fin de determinar su eficacia para evitar actuaciones arbitrarias y garantizar la protección de los derechos fundamentales durante las protestas del 2022. La pregunta central se orienta a identificar cuáles son dichos estándares y como su aplicación incidió en la actuación estatal frente a los casos concretos de uso de la fuerza. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter socio jurídico, con un diseño no experimental y documental. se emplean métodos hermenéutico y analítico, a partir de un examen de normativa constitucional, jurisprudencia, informes de organismos de derechos humanos y caracterización de dos casos emblemáticos ocurridos durante las protestas. Asimismo, se incorporan entrevistas a operadores del sistema de justicia para complementar el análisis. Los principales resultados de evidencia que, aunque la Sentencia 33-20-IN/21 establece un Marco normativo sólido y vinculante, su implementación práctica fue limitada debido a las deficiencias institucionales, falta de protocolos claros, debilidades en la rendición de cuentas y obstáculos en el control judicial efectivo. Se concluye que el principal desafío no radica en la ausencia de los estándares constitucionales, sino es efectiva institucionalización y aplicación operativa.