Seguimiento de la cobertura de la prensa sobre personas desaparecidas y atropellamiento a los derechos humanos, estudio comparativo en los diarios El Comercio y El Universo 1987-1988
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Resumen
Hablar sobre los Derechos Humanos es un tema muy importante dentro de la historia de la humanidad. Su creación y evolución paulatina han permitido un desarrollo libre y pleno de la sociedad. El Estado es el principal ente vigilante para que estos se cumplan a cabalidad en cada país; por esto, cuando estos derechos son violentados, es este el primer responsable ya sea por acción u omisión. En el Ecuador, al igual que en otros países de Latinoamérica durante las décadas de los 70 y 80, hubo fuertes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.1 Justamente, después de un análisis a los medios de comunicación ecuatorianos se evidencia que un ejemplo de esto fue el Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), en el que a través de varias políticas estatales se perpetraron atropellos contra la dignidad humana: privaciones ilegales de libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Varios organismos de defensa de los derechos humanos buscaron denunciar y reclamar el derecho de las personas; pero su intento fue inútil, ya que el Gobierno, con el apoyo mediático de algunos medios de comunicación privados, había logrado fortalecer su política neoliberal y sobre todo retirar de la opinión pública ciertos casos que evidenciaban fuerte represión y abuso de poder.Según la Comisión Ecuménica de Humanos, en este período hubo alrededor de 300 denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero solo 65 llegaron a convertirse en casos. Desde 1984 a 1986, existieron casos como el de Consuelo Benavides, Arturo Jarrín, Fausto Basantes, Patricio Aragón, entre otros. Pero 1987, fue el año que registró un alto índice de violaciones a los derechos humanos. Aquí se suscitaron casos como el de “Taura”, “Lago Agrio”, “Miguel Ángel Jarrín”, “Diego Delgado” y otros. En 1988, se registró el caso de los “Hermanos Restrepo”. Los casos, en su mayoría, fueron presentados a la ciudadanía a través de los medios de comunicación como hechos que formaron parte de una política estatal, basada en la Doctrina






