El control de constitucionalidad de las objeciones presidenciales: un mecanismo jurídico para solventar problemas políticos

Abstract

El control de constitucionalidad se erige como la garantía máxima para defender la supremacía constitucional. Por esta razón, no se puede concebir la fuerza normativa sin el control. Esto reviste de suma importancia, toda vez que el ordenamiento jurídico y la organización del Estado están condicionados por la existencia de la Constitución. El diseño institucional del Estado viene dado por la distribución de funciones, atribuciones y competencias que la Carta Constitucional reparte entre los distintos órganos estatales. Esto guarda sentido con el principio de división de poderes y con el sistema de frenos y contrapesos. Sin embargo, también se espera que no solo se controlen, sino que colaboren y se complementen para lograr el fin último del constitucionalismo, esto es, garantizar el efectivo goce de los derechos fundamentales. Lamentablemente, la realidad política y social latinoamericana nos indica que esto no siempre se cumple. La dinámica institucional de los regímenes presidencialistas indica que hay un gran desbalance entre las funciones del Estado. La balanza de poder se inclina en favor del Ejecutivo por las grandes atribuciones que se le otorgan constitucionalmente. De esta manera se aprecia una constante pugna entre los poderes más fuertes del Estado. La disputa se traslada a diferentes los ámbitos político, jurídico y social. El marco de la producción legislativa no está exento de este enfrentamiento. Esto se aprecia en la aplicación de las objeciones por parte del Ejecutivo para bloquear o inmovilizar las iniciativas que el Legislativo propone como proyecto de ley. En caso de que se produzcan objeciones por inconstitucionalidad, entra a la escena la Corte Constitucional para resolver problemas originados en la disputa política de los poderes del Estado. La Resolución de estos problemas se hace a través de criterios técnicos y jurídicos, es decir, a través del control abstracto de constitucionalidad.