El derecho a un ambiente sano y el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en el barrio “El Batan” en la cuidad de Ibarra (2023-2024)

Abstract

En Ecuador, el derecho a un ambiente sano está garantizado por la Constitución, pero su cumplimiento depende de infraestructuras clave como las plantas de tratamiento de aguas residuales. La investigación tuvo como objetivo general analizar el cumplimiento del derecho a un ambiente sano en el contexto del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en el barrio “El Batán” en la ciudadde Ibarra durante el período 2023-2024. Tomando en cuenta que la planta de tratamiento enfrenta desafíos debido al crecimiento urbano, afectando la calidad del entorno local. La investigación utilizó un enfoque mixto, combinando análisis documental y encuestas a residentes. Se recopilaron datossobre la capacidad y eficiencia del tratamiento, el cumplimiento de normativas ambientales y las percepciones comunitarias sobre los impactos ambientales. Los resultados indican que el derecho a un ambiente sano en Ecuador, amparado por la Constitución de 2008 y el Código Orgánico del Ambiente, exige que las plantas de tratamiento de aguas residuales operen bajo normas ambientales rigurosas. En el caso de la planta de 'El Batán' en Ibarra, este estudio identifica la necesidad de alinearse con estos principios, ya que las percepciones comunitarias reflejan preocupaciones por malos olores y ruido constante, lo cual compromete su calidad de vida. La Constitución reconoce en su Artículo 14 el derecho a un ambiente equilibrado, mientras que el Código Orgánico del Ambiente establece normas específicas sobre la gestión de efluentes y lodos. Estos marcos legales buscan garantizar la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades afectadas por actividades industriales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 6, refuerzan la obligación de mejorar la calidad del agua y asegurar un tratamiento de aguas residuales que respete los estándares de salubridad y sostenibilidad. In Ecuador, the right to a healthy environment is guaranteed by the Constitution, but its fulfillment depends on key infrastructure like wastewater treatment plants. The research aimed to analyze the compliance with the right to a healthy environment in the context of the operation of the wastewater treatment plant in the El Batán neighborhood in the city of Ibarra during the 2023- 2024 period. Considering that the treatment plant faces challenges due to urban growth, impacting the quality of the local environment. The research used a mixed approach, combining document analysis and resident surveys. Data was collected on the treatment plant’s capacity and efficiency, compliance with environmental regulations, and community perceptions regarding environmental impacts. The results indicate that the right to a healthy environment in Ecuador, protected by the 2008 Constitution and the Organic Environmental Code, requires that wastewater treatment plants operate under strict environmental standards. In the case of the El Batán plant in Ibarra, this study identifies the need to align with these principles, as community perceptions reflect concerns about unpleasant odors and constant noise, which compromise their quality of life. The Constitution recognizes in Article 14 the right to a balanced environment, while the Organic Environmental Code establishes specific standards for the management of effluents and sludge. These legal frameworks aim to ensure the sustainability and well-being of communities affected by industrial activities. The Sustainable Development Goals, particularly SDG 6, reinforce the obligation to improve water quality and ensure that wastewater treatment meets health and sustainability standards.