La privatización de los espacios públicos como parques, calles y quebradas en el barrio Granda Centeno más allá de tener orígenes morfológicos o naturales, es una decisión de los habitantes en un intento por diferenciarse del -otro-. A pesar de que han existido justificaciones referidas a la seguridad, es evidente que la tasa de asaltos y violencia permanece igual en los espacios sin seguridad privada. Por lo tanto, la privatización crea una ruptura en el barrio, no se reconoce como un territorio unitario y por lo tanto existen sectores de mayor inseguridad. El amurallamiento no protege a las habitantes, únicamente destruye el sentido urbano, las relaciones sociales y la ciudadanía. Esta realidad se expresa como un sentido de poseer el lugar y no de habitarlo, situación que se evidencia en la fragmentación del norte de la ciudad de Quito debido a los procesos históricos y dialécticos.
