Browsing by Author "Cordero Heredia, David Alberto"
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Derechos humanos de las fuerzas de seguridad del estado en las protestas sociales del Ecuador: análisis jurídico desde el uso progresivo de la fuerza(PUCE - Quito, 2017) Torres Ordóñez, Andrea Alejandra; Cordero Heredia, David AlbertoLa presente disertación tiene como finalidad analizar la protección de los Derechos Humanos dentro de las protestas sociales, respecto de la responsabilidad del Estado, y su actuar frente a esta obligación, tomando en cuenta que la Policía Nacional, es la institución estatal, que interviene en estas situaciones, brindando asistencia para mantener o restablecer el orden público. Esta institución conformada por policías, debe ejecutar su profesión de la manera más proba, ayudándose de la capacitación, dotación y demás recursos que el Estado debería brindar para un uso correcto de sus facultades de control, como lo es el uso progresivo de la fuerza, el mismo que sirve como instrumento para precautelar una seguridad íntegra y general, en base al desarrollo de los principios y mandatos legales tanto nacionales como internacionales.Item Metadata only Dirty Practices for Clean Energy: Indigenous Communities Gain no Benefits and Suffer Decades of Harms from the Salvajina Dam in Cauca, Colombia(2019) Cordero Heredia, David AlbertoThe Indigenous Community of Cerro Tijeras is part of the Nasa indigenous people located in Southwest Colombia. After years of resisting colonialism, the destruction of their land, and the erasure of their cultural practices, the Salvajina Dam has further jeopardized their way of life. The government ordered the Salvajina Dam to be built in the 1980s to control the Cauca River’s flow and improve agriculture. However, for the Cerro Tijeras indigenous community, whose land is in the surrounding area of the Salvajina Dam, its effects were detrimental. For decades, Cerro Tijeras has had to deal with the consequences of a major infrastructure project about which they were not consulted and provides virtually no positive effects for their community. The Salvajina Dam created a severe mobility issue for the ethnic groups surrounding it. The people of Cerro Tijeras, who once were able to use boats to cross the river year-round, are now at the mercy of the Salvajina Dam’s changing water levels. EPSA, the current majority owner of the Salvajina Dam, has provided only one stop for its boat (planchón) to reach the Cerro Tijeras indigenous community and its schedule is extremely limited. The restricted schedule of the planchones along with the removal of roads and bridges to cross the reservoir has made mobility in the region extremely difficult.Item Metadata only El Ecuador como estado social(2020) Cordero Heredia, David Alberto; Guerrero, E.Este libro, que ponemos a disposición de la Comunidad Nacional e Internacional, representa un aporte original, fruto de la labor coordinada de los miembros de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y prestigiosas/os académicas/os nacionales enfocadas/os en el estudio y análisis Artículo 1 de la Constitución del 2008. El proyecto de investigación del cual se deriva la obra estuvo bajo la dirección del profesor de la PUCE, Dr. Efrén Guerrero Salgado (director y compilador) y materializa el esfuerzo del equipo de Derechos Humanos y Derecho Constitucional de la Facultad de Jurisprudencia, lo cual, sumado al apoyo de la Dirección de Investigación de la PUCE, generó el espacio propicio de interacción y colaboración científica.Item Open Access Eficacia de las garantías jurisdiccionales en el contexto de la explotación minera en Zaruma(PUCE - Quito, 2023) Boada León, Sophia Alejandra; Cordero Heredia, David AlbertoEl presente trabajo investigativo analizará la eficacia de las garantías jurisdiccionales presentadas en el año 2022 por los pobladores de la ciudad de Zaruma misma que es una zona que, desde su descubrimiento ha sido explotada continuamente por los minerales que se encuentran en su subsuelo. Este trabajo se realizará mediante un enfoque de derechos humanos ya que la masiva explotación de los recursos minerales ha afectado distintos derechos reconocidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador (CRE, por sus siglas en español) como en instrumentos internacionales tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Igualmente se tendrá presente una perspectiva en derecho ambiental puesto que esta problemática resulta también una vulneración a los derechos de la Naturaleza como un sujeto de derechos bajo la CRE. Finalmente se analizará las garantías jurisdiccionales de acción de protección y acción por incumplimiento bajo la perspectiva de la eficacia para así concluir la evidente falta de cumplimiento de normas y sentencias por parte del Estado y sus órganos encargados referente a la protección de los derechos de los ciudadanos de Zaruma y la naturaleza.Item Open Access El bosque olvidado de San Carlos: razones para impulsar su manejo sostenible y protección legal(PUCE - Quito, 2022) Cazar Ortiz, Viviana Rocío; Cordero Heredia, David AlbertoActualmente los bosques protegidos del mundo están desapareciendo por la falta de control de las autoridades, esto sucede a pesar de existir un marco legal internacional y nacional para la protección de los bosques. El presente proyecto se estructura en la Constitución de la República del Ecuador, el análisis del ordenanza, la recolección de datos y testimonios referentes a la protección del bosque de San Carlos y sus quebradas, analizando detenidamente si el estado a través de sus distintos organismos cumple o no con los mandatos constitucionales y la normativa nacional vigente dentro del bosque. El tema de estudio busca determinar cuál es el estado del bosque de San Carlos, concientizando la importancia de su conservación y ver hasta qué punto los objetivos de la normativa legal que lo ampara se cumplen.Item Open Access Falta de aplicación de la consulta pre-legislativa a los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas: análisis crítico de la inconstitucionalidad de ciertas leyes, vigentes, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en el periodo (2010-2022)(PUCE - Quito, 2022) González Valencia, Martin Mauricio; Cordero Heredia, David AlbertoLa Constitución del Ecuador reconoce a la consulta pre-legislativa como un derecho fundamental de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas, el cual se encuentra contenido en el artículo 57 numeral 17. Desde que la carta magna fue promulgada en el 2008, la Asamblea Nacional no había expedido una ley que regulará mencionada consulta; actualmente, la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contiene en el artículo 92 las disposiciones legales respecto a ello, sin embargo, no existe una ley específica sobre el tema. En esa línea, al ser reciente la expedición de un acto normativo definitivo por parte del legislativo, la Corte Constitucional en la sentencia No. 001-10-SIN-CC del 2010 estableció los parámetros o estándares mininos a aplicarse en el proceso de consulta pre-legislativa a los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas a falta de una ley orgánica que regule mencionado derecho colectivo, por lo que, sus disposiciones regulaban el tema hasta el 20201. Debido a ello, la legislatura ha ignorado sistemáticamente el derecho a la consulta pre-legislativa durante los últimos 14 años, por ejemplo, la sentencia No. 45-15-IN/22 del 2022 deja en evidencia la falta de aplicación de los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para el ejercicio del derecho en cuestión; problema del cual la presente investigación indagará mediante el estudio analítico de 10 leyes expedidas entre el 2010 al 2022 para demostrar que, en efecto, la Función Legislativa del Ecuador no ha seguido el procedimiento establecido para garantizar el efectivo goce del derecho a la consulta pre-legislativa. En conclusión, este trabajo ha logrado develar que la legislatura no ha aplicado los parámetros establecidos por el ordenamiento jurídico para la realización de la consulta referida; y que, si bien deberían ser inconstitucionales por la forma, no lo son debido a que el plazo establecido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es de 1 año para la interposición de la acción de inconstitucionalidad (LOGJCC, 2009, art. 78).Item Metadata only La importancia del precedente jurisprudencial en el estado constitucional(2015-05) Cordero Heredia, David Alberto; Melo, M.Con más frecuencia, en Ecuador se afianza la cultura del precedente. El punto de partida lo dio la Constitución de 2008, cuando señaló como atribución de la Corte Constitucional, la facultad de emitir precedentes jurisprudenciales vinculantes en la materia. Es así como desde hace algunos años, ya con una base jurisprudencial nutrida, los accionantes que impulsan garantías jurisdiccionales ven la necesidad de invocar los criterios dados por el alto tribunal. Sin embargo, y ya que las Escuelas de Derecho del país se inclinan por un estudio legalista y doctrinal y no jurisprudencial de esta ciencia; es la práctica y el posterior fallo y error, plasmado en las sentencias de la Corte Constitucional, donde los peticionarios pueden aprender cuáles son los aciertos y desaciertos al invocar los precedentes constitucionales.Item Metadata only Justicia constitucional, reforma judicial y la plurinacionalidad en la democracia ecuatoriana: análisis crítico(2017) Cordero Heredia, David Alberto; Guerrero Salgado, Efrén Ernesto; Melo Cevallos, Mario Efrain; Martínez, A., & Verdugo, T.El objetivo del presente escrito es hacer estado del arte respecto al cumplimiento de acceso a la justicia en la República del Ecuador en especial res-pecto a su último proceso de reforma. Se propone reflexionar en la situación del país, y compararla con los estándares contenidos en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y los tribunales nacionales. En el caso de la República del Ecuador, el año 2007 es un punto de fractura entre un modelo tradicional –y no por ello beneficioso– de aplicación del sistema del sistema de justicia, y la entrada de una ambiciosa reforma que ha cambiado completamente el panorama del sistema judicial. Este documento propone ahondar en la situación actual, y compararla con los estándares del acceso a la justicia y el debido proceso previstos en la jurisprudencia del SIDH. Para esto, se dividirá en tres partes: se analizará el contenido del acceso a la Justicia en la Constitución Ecuatoriana y su relación con la reforma judicial sucedida entre el año 2010 y 2014, además de la situación actual del acceso a la justicia en relación al uso de estándares del SIDH. Finalmente, se pondrá en perspectiva el uso de las herramientas de derecho internacional de los derechos humanos en el caso de los sistemas jurídicos de fuente indígena, dada la existencia del pluralismo jurídico como mandato constitucional. A continuación, se explicarán la hipótesis que da operatividad al presente trabajo.Item Open Access La acción de protección como mecanismo generador de políticas públicas y servicios públicos(PUCE - Quito, 2013) Vera Puebla, Mónica Fernanda; Cordero Heredia, David AlbertoDentro del nuevo paradigma del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que adopto el Ecuador a partir de la constitución promulgada en el año 2008, las juezas y jueces se convirtieron no solamente en aplicadores de la ley sino en garantes del cumplimiento de los derechos establecidos en la constitución e instrumentos internacionales, especialmente, a través de las acciones constitucionales, como la acción de protección que tutela los derechos y a su vez puede generar políticas públicas y servicios públicos como medidas de reparación integral.Item Open Access “La diversidad cultural frente a la justicia penal ordinaria: viabilidad del error de prohibición culturalmente condicionado en la República del Ecuador”(PUCE - Quito, 2017) Fernández García, Mario Alexys; Cordero Heredia, David AlbertoA pesar de que la Constitución de la República del Ecuador de 2008 prescribe la interculturalidad y plurinacionalidad, promueve el respeto a la identidad cultural, prevé un catálogo de derechos a los pueblos y nacionalidades indígenas y reconoce el pluralismo jurídico, no ha sido suficiente para resolver los inconvenientes que surgen cuando una práctica o conducta culturalmente aceptada por determinado pueblo indígena debe ser juzgada por la justicia penal ordinaria. Es por esto que en la presente investigación se pretende analizar la viabilidad de la institución del error de prohibición como una herramienta que permita al juzgador tomar en cuenta el elemento cultural a la hora de determinar la posible responsabilidad penal del indígena implicado.Item Open Access “La obligación estatal de preservar los idiomas ancestrales. caso: idioma Sapara”(PUCE - Quito, 2017) Páliz Larrea, Sebastián Esteban; Cordero Heredia, David AlbertoEl presente trabajo de disertación estudia la obligación del estado de preservar los idiomas ancestrales de los pueblos y nacionalidades originarias del Ecuador, en específico el caso del idioma ancestral sapara1, idioma perteneciente a la nacionalidad del mismo nombre. El desarrollo de este proyecto se realizará dentro del contexto ecuatoriano, específicamente en el territorio ancestral de la nacionalidad indígena Sapara ubicada en la zona oriental del país, a cien kilómetros de la ciudad del Puyo en la provincia de Pastaza. La presente investigación se encuentra enfocada en analizar las situaciones históricas y actuales en lo referente al cuidado del idioma ancestral del mismo nombre, desde la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008 y la declaración de Patrimonio Oral Inmaterial de la Humanidad del idioma ancestral sapara por parte de la UNESCO en el mismo año 2008. Hoy en día solo 4 indígenas: Mukutsawa Santi, Anamaria Santi, Alberto Ushigua y Malaco Ushigua, manejan el idioma ancestral sapara al nivel de un hablante nativo (Plan V, 2017). Según Manari Kaji Ushigua, líder de la nacionalidad Sapara, además, existen 25 miembros de la comunidad que hablan sapara con grados de competencia lingüística diferente y las personas auto identificadas como indígenas Sapara intentan enseñar en su idioma (Ushigua M., 2017). Adicionalmente, en el atlas interactivo de las lenguas del mundo en peligro elaborado por la UNESCO se cataloga a la lengua ancestral sapara como “en situación crítica, próxima a la extinción” (Moseley, 2010). El estado ecuatoriano tiene la obligación constitucional de conservar los distintos idiomas ancestrales existentes en el territorio ecuatoriano, con el objetivo de fortalecer el concepto de estado plurinacional; declarándolos parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e identidad de las personas y colectivos y objeto de salvaguarda por parte del estado, tal cual consta en el artículo 379 de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “Constitución”) (Registro Oficial , 2008: 64). Adicionalmente, la preservación del idioma es esencial para resguardar derechos como el derecho a la identidad personal y colectiva; el derecho a la cultura y el derecho a la educación; ya que al ser la lengua el medio primordial de comunicación y patrimonio intangible, es vital para la transmisión del patrimonio tangible, de la transmisión y permanencia de conocimientos ancestrales, formas de vida, de la cosmovisión de un pueblo (Haboud, 2017). Consiente de su obligación, el Estado ecuatoriano ha emprendido y permitido la existencia de varios proyectos y acciones vinculadas a la salvaguardia (o no) de los idiomas ancestrales, especialmente de la lengua sapara, entre los más importantes podemos citar: 1) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013 - Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 – Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021; 2) La capacitación de jóvenes Sapara en la Universidad de Cuenca, con el objetivo de potenciar el idioma en sus comunidades; producto de esto, incluso se cuenta con un texto llamado “Gramática de la Lengua Sapara para Nivel Básico” elaborado por Froilán Grefa Ushigua (Ushigua, 2012: 11); 3) Cierre de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi; 4) Radiodifusión Comunitaria Indígena; 5) Producción y difusión de contenidos interculturales en la televisión, radio y prensa; 6) Proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades; 7) Preservación documental del idioma ancestral sapara; y, finalmente 8) Intervención del Estado central en la educación intercultural bilingüe y creación de Unidades Educativas del Milenio.Item Open Access La situación jurídica de las personas privadas de la libertad en situaciones fuera del sistema penitenciario ecuatoriano(PUCE - Quito, 2013) Burbano Villareal, Harold Andrés; Cordero Heredia, David AlbertoSe presentan los resultados de un estudio teórico y práctico del derecho a la libertad personal que ha sido históricamente, limitado o restringido con fines penales. En este contexto, se analizó la existencia en la vida social de otros espacios en los cuales, se puede privar de la libertad a una persona sin tener relación alguna con el derecho penal sustantivo, adjetivo o de ejecución. Sobre estas realidades, el Estado debe actuar con la debida diligencia para respetar, garantizar y tutelar los derechos reconocidos constitucional e internacionalmnete para las personas privadas de la libertad, realizando una interpretación amplia de este concepto para evitar responsabilidad de cualquier tipo.Item Open Access La vulneración del derecho a la vivienda del adulto mayor en el Distrito Metropolitano de Quito(PUCE - Quito, 2022) Pilpe Marcillo, Leslie Polette; Cordero Heredia, David AlbertoEl derecho a la vivienda digna al ser un derecho fundamental, el cual va encaminado a la satisfacción de necesidades y requerimientos de las personas, ha sido reconocido internacionalmente y elevado a rango constitucional dentro de nuestro territorio, razón por la cual requiere de especial atención en el cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas del Estado, el cual por medio de su ordenamiento jurídico, se encargará de determinar la cobertura de este derecho, así como también los distintos mecanismos para que la persona acceder a él y cumplir con sus obligaciones. Los adultos mayores al encontrarse en un estado de vulnerabilidad son reconocidos por el Estado como grupo de atención prioritaria, lo que conlleva que no solo sean poseedores de todos aquellos derechos que le son otorgados por su condición, sino que además son beneficiados por políticas públicas encaminadas a equiparar condiciones para el pleno ejercicio de derechos, por lo que, las políticas públicas además de encontrarse debidamente regladas y establecidas de manera taxativa en el ordenamiento jurídico, deberán contar con mecanismo para ser materializadas. En la presente investigación se aborda el derecho a la vivienda digna y adecuada, como un derecho exigible ante el Estado, por lo que se detallará los parámetros para ser denominada como tal, sus características fundaméntales y la relación que tiene con otros derechos, así como también las políticas públicas implementadas por el Estado para satisfacción de este derecho y análisis de su eficacia. Referente al adulto mayor, se analizará la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra y la importancia de contar con un lugar adecuado y digno para su desarrollo y pleno ejercicio de sus derechos, así como también las políticas públicas de las cual es beneficiario y si estas responden a la realidad de los sujetos.Item Open Access Las dificultades en la ejecución de sentencias reparatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por parte de los Estados responsables(PUCE - Quito, 2013) Mora Arias, Andrés Alejandro; Cordero Heredia, David AlbertoEn la presente investigación se busca determinar las razones por las cuales se hace complicado el cumplimiento pleno de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de los Estados responsables. La mayor parte de sentencias de la Corte IDH han sido cumplidas de forma parcial, ello lleva a la inmediata conclusión de que los Estados no niegan de manera absoluta su obligación de dar cumplimiento a las disposiciones del Tribunal, pero además establece que existen medidas de reparación que no se están llevando a cabo. Esto repercute directamente en las víctimas y su derecho a una reparación integral, además impide que se logre uno de los objetivos principales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que es eliminar la impunidad. Adicionalmente obstaculiza otro de sus objetivos primordiales que es lograr un mayor nivel y estándar en el reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos en la región. La investigación se aborda en el primer capítulo con una noción general de la reparación integral, desde los antecedentes que han llevado a considerar a la reparación desde una perspectiva más amplia y completa que no busca únicamente la indemnización económica sino aspectos como la rehabilitación y satisfacción plena de la víctima, además de una visión de los derechos a la verdad y a la justicia que junto con la reparación forman una trilogía inseparable para alcanzar el objetivo de la integralidad. Dentro de este capítulo se determina la naturaleza de la reparación, así como su ámbito y alcances, además de una breve referencia a la afectación al proyecto de vida y los criterios de reparación que sobre este tema ha implementado la Corte IDH. Dentro de la observación a los aspectos generales de la reparación se hace referencia a las partes que intervienen en este proceso, haciendo un paréntesis en el rol fundamental que desempeñan las víctimas al momento de la determinación de las medidas de reparación por parte de la Corte IDH, así como el papel de los Estados responsables. Finalmente para concluir la noción de la reparación se abordan las medidas que le dan el atributo de integral, ellas son la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Continuando con el análisis, en el capítulo II se abordan las razones del incumplimiento de las sentencias desde el órgano que las emite, estableciendo los obstáculos que estas presentan para lograr su ejecución. Estas razones para el incumplimiento son atribuibles a la Corte IDH por lo que se da inicio verificando si en sus sentencias se emplean criterios suficientes para lograr una reparación integral, para lo que es necesario determinar si se está implementando el principio de la Restitutio in integrum, además del resto de medidas que adicionalmente a la conocida indemnización está considerando la Corte IDH al momento de aplicar el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus fallos.Item Metadata only La letra pequeña del contrato social: Legitimidad del poder, resistencia popular y criminalización de la defensa de los derechos(2015) Cordero Heredia, David Alberto“La soberanía reside en el pueblo”. En este precepto descansa el sistema democrático; sin embargo, en sociedades con una elevada desigualdad social, la participación del pueblo en la toma de decisiones mediante canales institucionales es casi inexistente. Las acciones colectivas y los movimientos sociales surgen, en estos contextos, como la única oportunidad de quienes han sido excluidos del debate político para hacer escuchar su voz. La protesta social ha conseguido en Ecuador la inclusión o ampliación de derechos en la Constitución y la ley, detener la agenda neoliberal e inclusive revocar de facto el mandato a tres presidentes de la república. La participación popular no institucional en la conducción de los asuntos públicos fue reconocida en la Constitución mediante el derecho a la resistencia. Sin embargo, la otra cara es la criminalización de la protesta. Sucesivos gobiernos han utilizado al derecho penal como herramienta de amedrentamiento y desmovilización de los movimientos sociales. El presente trabajo analiza la interrelación del derecho a la resistencia y la criminalización. En él se defiende que la constitucionalización del derecho a la resistencia genera consecuencias jurídicas que alteran el sistema de fuentes del derecho, la aplicación del derecho penal e inclusive la forma en que se conciben los conceptos de participación política y democracia.Item Metadata only Oil extraction, indigenous peoples living in voluntary isolation, and genocide: the case of the Tagaeri and Taromenane peoples(2021-02) Cordero Heredia, David Alberto; Cordero Heredia, David AlbertoThis Article utilizes the crime of genocide’s requisite elements to analyze the massacres of the Tagaeri and Taromenane Peoples (Tagaeri-Taromenane). The TagaeriTaromenane are Indigenous peoples living in voluntary isolation in the Ecuadorian Amazon who are endangered by the oil and timber industries and the expansion of peasant settlements in their territory. This Article first provides a brief history of the Tagaeri-Taromenane massacres and then discusses the “intent to destroy a group” element of the crime of genocide as enumerated in international human rights jurisprudence. In concluding, the authors propose that the oil industry’s public and private actors’ direct control over the events that led to the massacres could establish criminal liability for those actors.Item Open Access Reforma normativa al Decreto Ejecutivo 355, con el fin de reducir el hacinamiento en el CPL Cotopaxi No.1(PUCE - Quito, 2022) Acuña Pazmiño, Adrián Oswaldo; Cordero Heredia, David AlbertoEl presente trabajo académico tiene como objetivo analizar cómo una reforma normativa al Decreto Ejecutivo 355 reduciría los altos niveles de hacinamiento dentro del CPL Cotopaxi No.1, teniendo en cuenta que los altos índices de hacinamiento conllevan una serie problemas violatorios de derechos humanos que el Ecuador ha intentado combatir sin éxito desde décadas pasadas. La tesis principal de la investigación es modificar al Decreto Ejecutivo 355 expidiendo un nuevo Decreto Ejecutivo en donde conste un nuevo catálogo añadiendo el delito de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, este tipo penal se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal y para ser aplicado el indulto se deberá seguir las mismas reglas del actual Decreto Ejecutivo 355. Bajo esta lógica se pretende añadir el tipo penal establecido en el Art. 220 y es referente al Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, numeral 1, establecido en el COIP, ya que, este tipo penal es uno de los que causa un índice importante de hacinamiento dentro de los centros de privación de libertad en el Ecuador y consisten en actos de baja o nula violencia. Como propósito de reducir el hacinamiento en el CPL Cotopaxi No.1 se estima que una nueva expedición de un Decreto Ejecutivo logrará reducir el hacinamiento hasta en un 10 % ya que el mayor número de personas que se estima que causan el hacinamiento, son las que efectivamente cumplirían con los requisitos referente al nuevo catálogo de delitos, de esta forma muchas más personas podrán ser beneficiarias de un indulto presidencial.Item Open Access “Régimen Jurídico de la participación de las mujeres indígenas dentro del pluralismo jurídico ecuatoriano”(PUCE - Quito, 2018) Cifuentes Muñoz, Denisse Antonela; Cordero Heredia, David AlbertoLa presente disertación es un análisis del régimen jurídico de la participación de las mujeres indígenas dentro del pluralismo jurídico ecuatoriano. Históricamente las mujeres y los pueblos indígenas, han sido discriminados. En la actualidad han logrado el reconocimiento de sus derechos colectivos, y la discusión de género se ha exacerbado dentro del movimiento indígena. En este contexto, lo que pretende este trabajo académico es realizar un diagnóstico del rol de la mujer en el ejercicio de la justicia indígena, observándolo desde dos dimensiones, la primera es la participación de la mujer como parte de la toma de decisión; y segunda, la posibilidad de acceso de la mujer como víctima, a la justicia comunitaria, y en base a este escenario plantear una alternativa de interpretación de la participación de la mujer en la justicia indígena, en base a principios constitucionales y normas internacionales. Para lograr el objetivo propuesto en el párrafo anterior se realiza un estudio teórico del pluralismo jurídico, así como también, se explica su desarrollo normativo en el Ecuador y en instrumentos internacionales. Como segunda parte se hace una revisión y análisis del género en el movimiento indígena, con base a los derechos consagrados en los distintos instrumentos internacionales y en la normativa nacional, se analiza también la situación de la mujer indígena y las manifestaciones de violencia contra la mujer. En una tercera parte, se presentan los resultados de la investigación de la justicia indígena y sus procesos, del mismo modo, se hace un estudio del caso La Cocha, como referente de la Justicia Indígena, y sus limitantes, se presentan también indicadores de la situación de la mujer en la justicia indígena desde sus dos dimensiones. Finalmente se realiza una interpretación intercultural de la participación de la mujer indígena.Item Metadata only The Right to Prior Consultation in the Construction of the Plurinational State of Ecuador(2019-07-09) Cordero Heredia, David Alberto; Cordero-Heredia, DavidDoes legal reform mean social change? After the approval of the Constitution of 2008, the peoples of Ecuador adopted a new model of state: the Plurinational State. The Plurinational State was a claim of the indigenous peoples’ movement to overcome the nation-state paradigm that undertakes the ethnic and historic diversity of Ecuador. A Plurinational State starts with the principle that societies are multicultural and that different political groups or nations coexist in the same territory under the same state sovereignty and in equal conditions as a matter of respecting the right of self-determination. Nations have the same weight in a society and, therefore, must have a seat at the state’s decision-making table. Furthermore, the 2008 Ecuadorian Constitution defines four mechanisms of the Plurinational State: (i) protection of the entire community’s territory ; (ii) self-government; (iii) application of each nation’s customary laws; and, (iv) the right to be consulted on an informed basis and free of coercion. Finally, the Plurinational State seeks to accomplish a double goal: first, to protect and respect cultural diversity; and, second, to ensure that indigenous nations participate in the state’s decisions that will affect their territories or culture.Item Open Access Violación de los Derechos Humanos en actos de corrupción(PUCE - Quito, 2023) Sánchez Ormaza, José Miguel; Cordero Heredia, David AlbertoLos actos de corrupción afectan al marco institucional y al Estado de Derecho, esto ha generado desconfianza en las instituciones de gobierno y ha perjudicado especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad. La corrupción en el ámbito público no solo representa la mala administración de recursos públicos, sino que también implica una falla crítica en el cumplimiento de las obligaciones que tienen los Estados de respetar y garantizar el pleno goce de los derechos humanos. En los últimos años, la doctrina y organismos internacionales han tratado de identificar los impactos que tiene la corrupción en la sociedad, señalando que los sectores marginados y desfavorecidos son quienes más sufren las consecuencias de la corrupción. En Ecuador, la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 favoreció a la proliferación de actos de corrupción afectando derechos. Por tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación existente entre los actos de corrupción y los derechos humanos para determinar la forma concreta de la violación de derechos humanos producto de la corrupción, y, consecuentemente, abordar los mecanismos de reparación y prevención de la vulneración de este tipo de derechos en actos de corrupción.