Abstract:
En los últimos ocho años el discurso público ha dado gran relevancia a los significativos avances y beneficios en cuanto a la atención de los grupos otrora conocidos como excluidos y vulnerables, actualmente denominados como grupos sociales de atención de tipo prioritario. En este grupo se encuentra inserta la población con algún tipo de discapacidad.
La difusión de los avances sobre la atención prioritaria de la población con discapacidad, van desde beneficios tributarios hasta la atención para la salud, atravesando incluso la obligatoriedad de disponer de unidades accesibles en el transporte púbico, para citar solo los más relevantes.
Los actuales beneficios para la atención de las personas con discapacidad se cimientan en cambios jurídicos y de la normativa legal; así tenemos que; se emite una nueva Constitución (Constitución del año 2008), y una nueva Ley (Ley Orgánica de Discapacidades año 2012). Se deja de esta manera atrás la anterior Ley 180 Sobre Discapacidades del año 1992. Para finalizar este proceso se construye incluso un reglamento (Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades del año 2013). Todo esto supone para la población general un gran paso hacia la equidad social respecto al tema de la discapacidad y su atención en el Ecuador.
Respecto a lo anterior expuesto, surgen algunas interrogantes que pueden ser solventadas al contrastar esta gran difusión mediática frente a como lo aprecian las propias personas con discapacidad, por ejemplo, ¿han visto o han sido en lo colectivo apoyados dentro este nuevo orden jurídico con relación al acceso al trabajo? Considerando que el trabajo en sí mismo dignifica a la persona, más aún, propicia calidad y nivel de vida tanto al individuo como a su familia, enfatizando en esta última, ya que se refiere a personas en condición de vulnerabilidad respecto a la discapacidad. Para abordar esta interrogante nos enmarcaremos en un grupo específico, las Personas con Discapacidad Física del Cantón Quito.
