La aplicación del principio de proporcionalidad en las penas privativas de libertad en contravenciones de tránsito en la ciudad de Ibarra

Abstract

La presente tesis tiene como objetivo principal disminuir el porcentaje de personas que sean sancionadas con penas privativas de libertad por el consumo de alcohol en contravenciones de tránsito, implementando otras alternativas de sanciones. Este problema es que, en la realidad actual y en el estatuto, no se aceptan las sanciones alternativas para infracciones de tránsito. Esto significa que no hay un procedimiento establecido para decidir si estas sanciones deben aplicarse o no, lo que hace imposible su implementación, destacándose la importancia de garantizar el principio de proporcionalidad al momento de aplicar sanciones sin violar derechos constitucionales o deteriorando el bienestar de la sociedad y el bienestar humano. La metodología propuesta se concentra en la identificación y análisis de procesos de contravenciones de tránsito del año 2024 en la Unidad Judicial del Cantón Ibarra, con el propósito de identificar si la pena privativa de libertad se aplica de forma estricta en base a la normativa vigente del año 2014. Este análisis se realiza conforme al estudio de la legislación colombiana del año 2013, a través de una tabla comparativa donde se identificó la existencia de medidas alternativas aplicables a este tipo de sanciones, las cuales cumplen una función preventiva y correctiva en la legislación colombiana. Estas sanciones no se encuentran en el sistema penal ecuatoriano. En este sentido, se ha propuesto un proyecto de “Reformatoria al Código Orgánico Penal en el artículo 385 del año 2014” que comprende 4 sanciones para suspensión de licencia: programas de rehabilitación y trabajo comunitario, multas económicas y retención del vehículo. Estas sanciones están diseñadas con el propósito de reducir el porcentaje de personas en estado de embriaguez que, al cometer una contravención de tránsito, sean sancionadas con penas privativas de libertad, con el fin de contrarrestar la pérdida de empleo, afectación a su entorno familiar y generación de antecedentes penales; proponiendo esta reforma se podría reducir este tipo de afectaciones.