Garantía de inamovilidad laboral en el sector público para personas con discapacidad
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Resumen
La presente investigación analiza la ausencia de un mecanismo equivalente al despido ineficaz en la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) que aborde el despido injustificado de funcionarios públicos con discapacidad y los proteja de despidos potencialmente arbitrarios, por lo que los servidores públicos con discapacidad han dependido casi exclusivamente de la acción de protección constitucional. El estudio emplea un enfoque dogmático, basado en métodos deductivos y analíticos, así como en el análisis documental. Se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los hallazgos indican que, si bien la reforma legal de mayo de 2025 representa un avance significativo en el reconocimiento de la invalidez de los despidos por motivos de discapacidad, persisten importantes deficiencias procesales. Estas incluyen la falta de plazos definidos, una autoridad competente claramente definida y sanciones obligatorias. Estas deficiencias podrían hacer que esta garantía sea formalmente válida, pero procesalmente inaplicable. El estudio concluye que la plena integración de las exenciones por ineficiencia en la LOSEP, acompañada de un procedimiento claro y mecanismos de aplicación inmediatos, constituye una futura obligación constitucional e internacional y no es simplemente una cuestión de discreción legislativa.






