La aplicación en abstracto de la suspensión condicional de la pena y del principio de igualdad en Ecuador

Abstract

La aplicación abstracta de la suspensión condicional de la pena plantea un problema importante en el sistema penal ecuatoriano, al tensionar el principio de igualdad. Esta figura permite suspender el cumplimiento de la privación de libertad como medida alternativa a la pena, bajo condiciones y bajo supervisión judicial, manteniendo la condena, excepto cuando la prisión no sea necesaria para la rehabilitación, reparación o prevención. La controversia se presenta al aplicar este artículo desde el ámbito del Código Orgánico Integral Penal (COIP) solo desde su parte sobre la pena abstracta, provocando que se impida tratar casos que requieren condenas reales y distintos grados de culpabilidad; esto afecta la proporcionalidad y la igualdad. Es necesario abordar el tema ya que dentro del Oficio No. 953-P-CNJ-2019 de la Corte Nacional de Justicia se estableció esa interpretación restrictiva, llevándola a adoptar sentencias automáticas de forma general. Esta visión contraría las disposiciones que limitan la intervención del Estado en la vida personal del ciudadano, la personalización de la sanción y la igualdad formal y material. Para resolverlo revisaremos el marco jurídico existente, así como las tensiones presentes. Se presentará también la posible modificación al artículo 630.1 del COIP. El análisis revela que esta interpretación restrictiva excluye a quienes reciben penas concretas menores a cinco años por tentativa, complicidad o atenuantes, mientras que les permite aplicar el beneficio a delitos mayores solo por su tipo penal. Esta diferencia carece de justificación objetiva y lógica. Por tanto, se planteará reformar el artículo 630.1 del COIP para que se aplique si la pena prevista abstracta u concreta no excede de cinco años. Este beneficio debe estar sujeto a la intervención del juez y respetar las excepciones legales, logrando así una aplicación más equitativa, racional y constitucional, conforme a la reincorporación, la reparación y el control judicial