Amancha Chiluisa, Linda de las MercedesVillalva Castillo, Welinton César2026-06-102026-06-102026000707https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49012La sentencia 2006-18-EP/24 de la Corte Constitucional del Ecuador ha incidido directamente en la forma de encauzar los conflictos laborales entre el Estado y sus servidoras y servidores públicos, especialmente cuando se impugnan actos administrativos vinculados con terminación de contratos de servicios ocasionales, finalización de nombramientos provisionales, homologación salarial, supresión de partidas y procesos de liquidación. La relevancia del tema se justifica por el riesgo de retroceso en la tutela de derechos laborales que puede derivarse de la regla general fijada en el párrafo 42, al privilegiar la jurisdicción contencioso-administrativa y reducir el uso de la acción de protección como vía expedita y garantista. El objetivo del estudio fue analizar críticamente la argumentación interpretativa empleada en dicho párrafo, contrastándola con el principio de progresividad y con precedentes constitucionales sobre tutela judicial efectiva. La investigación adoptó un enfoque cualitativo, de tipo teórico-jurisprudencial, con revisión normativa y documental (Constitución, LOSEP, LOEP, COFJ), análisis de la sentencia y consulta de literatura especializada sobre argumentación jurídica, utilizando métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo. Entre los principales resultados se identificó una motivación insuficiente para restringir la acción de protección, la confusión de regímenes laborales al pretender un “trato igualitario” con el personal de empresas públicas y la falta de una atribución expresa en la normativa para que lo contencioso-administrativo conozca conflictos laborales con enfoque de derechos. Se concluye que la decisión constituye un precedente erróneo y potencialmente regresivo, que debilita la seguridad jurídica, la estabilidad laboral y el acceso a una tutela judicial efectiva para el servidor público.esConflictos laboralesServicio públicoAcción de protecciónTutela judicial efectivaArticle