Giler Fernández, Patricio AlejandroRemache Guambuguete, Wilson Higinio2026-08-142026-08-14202400404https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/49633Nuestra Carta Magna no contempla a la acción de incumplimiento como una garantía jurisdiccional; surge sus atribuciones mediante jurisprudencia de la Corte Constitucional, su objetivo conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales. En caso de inejecución o defectuosa ejecución, esta acción puede ser interpuesta como medida subsidiaria. Garantizando la ejecución de la sentencia constitucional que se emitió, pero no ha sido ejecutada por diversos motivos, lo que provoca un impacto negativo en la eficacia de la acción. La base de esta eficacia de la acción de incumplimiento radica en el derecho a la tutela judicial efectiva, lo que significa que los jueces deben utilizar todos los medios disponibles para ejecutar las decisiones de acuerdo con la Constitución y la LOGJCC y hacer cumplir en el menor tiempo posible. Aunque no estén especificadas en la parte resolutiva de la decisión, existen medidas que deben cumplirse siempre que estén relacionadas directamente con el caso y sean actos que contribuyan al cumplimiento de las medidas de reparación dispuestas en la sentencia. Es responsabilidad de los jueces constitucionales aplicar los mecanismos apropiadas para hacer cumplir las medidas de reparación ordenadas. Se busca también establecer una perspectiva sobre la eficacia de la acción por incumplimiento de sentencias de dictámenes constitucionales, con el fin de determinar su efectividad y evitar procesos paralelos para la ejecución de las sentencias debido a la falta de conocimiento de estas normas al momento de presentar, tramitar o determinar cuál es la autoridad competente en determinados casos.esLas garantías jurisdiccionalesDerechos constitucionalesTutela judicial efectivaReparación integral a las víctimasmasterThesis