Pozo Enríquez, María CristinaAguirre Romero, Erick AníbalVillarreal Robles, Deborah Carolina2026-03-302026-03-3020265881https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/48469La presente investigación examina jurídicamente la suspensión del ejercicio de la Vicepresidencia de la República del Ecuador en el año 2024, dispuesta mediante resolución administrativa del Ministerio del Trabajo, desde la perspectiva de la distribución constitucional de competencias. El estudio parte de un estado del arte que evidencia la existencia de posiciones doctrinarias contrapuestas sobre el alcance de la potestad sancionadora administrativa frente a autoridades de elección popular, así como la ausencia de un análisis sistemático centrado en la separación de funciones y la supremacía constitucional. El objetivo general es determinar si la suspensión impuesta a la vicepresidenta se ajustó al régimen constitucional de competencias y a la protección de los derechos fundamentales. Como objetivos específicos se analizan: el marco constitucional y legal que regula la Vicepresidencia, la legalidad y competencia del acto administrativo sancionador, y los efectos jurídicos e institucionales derivados de dicha medida. A partir de ello, se plantean interrogantes orientadas a establecer si el Ministerio del Trabajo actuó dentro de sus atribuciones constitucionales y cuáles son los límites para restringir el ejercicio de funciones de una dignidad electa. La investigación adopta un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental y de tipo documental. Se emplean los métodos analítico y jurídico hermenéutico para el examen de normas constitucionales, legales, doctrina y jurisprudencia, así como un análisis estructural del acto administrativo cuestionado. De manera complementaria, se realizaron entrevistas estructuradas a especialistas en derecho constitucional y administrativo. Los resultados evidencian que la Vicepresidencia posee un estatuto constitucional diferenciado, no asimilable al régimen disciplinario ordinario del servicio público. En consecuencia, la suspensión administrativa analizada constituye una extralimitación competencial que vulnera la separación de funciones, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales de la autoridad sancionada y la representatividad democrática derivada del voto popular.esDerecho constitucionalSeparación de funcionesPotestad sancionadoraThesis