Abstract:
Con el inicio de Ecuador en la carrera espacial, la importancia de determinar en un análisis estrictamente jurídico si los países ecuatoriales tienen derechos sobre la órbita geoestacionaria, adquiere cada vez más importancia. Sin embargo, esta determinación es más compleja de lo que se prevé, pues influyen otros factores, como la delimitación del espacio ultraterrestre, el tratamiento jurídico de la órbita geoestacionaria, la validez jurídica de la Declaración de Bogotá y, finalmente pero no menos importante la efectiva posesión de esos derechos.
La complejidad del tema aunado a la realidad política internacional, han dado como resultado que aún después de 39 años este tema siga siendo discutido en foros internacionales creados para el efecto, como la Comisión sobre el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, principalmente porque hasta el momento no se ha postulado ninguna teoría jurídica que desvirtúe la posición de los países ecuatoriales, tanto es así que la calificación como Recurso Natural Limitado a la órbita geoestacionaria no hace sino ayudar a sustentar el derecho soberano de los estados a usar y disponer de sus recursos naturales.
En nuestra realidad nacional, la Constitución de la República establece un gran avance en la reivindicación soberana, ya que determina específicamente que el Estado ejercerá derechos sobre los segmentos que le correspondan en la órbita geoestacionaria; y para el efecto crea el Instituto Espacial Ecuatoriano que tiene como uno de sus principales objetivos el ejercicio del derecho reconocido en la Constitución.
No cabe duda que en este momento Ecuador podría ser el impulsor de revivir el debate en la comunidad internacional, y posiblemente con un planteamiento que le permita exigir el respeto al contenido de los Tratados Internacionales y así reivindicar finalmente el derecho soberano sobre los segmentos correspondientes de la órbita geoestacionaria.
