Abstract:
En este estudio se examina si la acción extraordinaria de protección degeneró en una ventaja
ilegítima para el Estado, lo que conllevó a que dicha garantía pierda su calidad de contrapeso
frente al poder público.
Para ello se contrastan dos posturas. La primera que sostiene que la Corte Constitucional
mantuvo preferencias a favor de la Función Ejecutiva, lo que conllevó a un mayor número de
acciones aceptadas, y la segunda que señala que, a través de la acción extraordinaria de
protección, se privilegió al Estado en general.
Analizando el conjunto de sentencias, emitidas desde el 2008 hasta abril de 2016, se concluye
que efectivamente la Corte Constitucional trató de manera preferencial a las acciones
extraordinarias de protección presentadas por las instituciones estatales. Sin embargo, la
evidencia estadística disponible no permita afirmar que existió un favoritismo particular hacia
la Función Ejecutiva.
Esto indicaría que la acción extraordinaria de protección, en efecto, habría perdido su calidad
de contrapeso frente al poder estatal, lo que permitiría que la legislación establezca
circunstancias excepcionales y específicas en las cuales el Estado puede presentar esta garantía jurisdiccional.
