Abstract:
Por primera vez, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 estableció el control obligatorio de constitucionalidad de los decretos ejecutivos que declaren un estado de excepción o que se dicten con fundamento del mismo, éste control tiene por finalidad precautelar el ejercicio de los derechos constitucionales, y a la vez garantizar la separación de las cinco funciones públicas. De ahí que, la Corte Constitucional, en su calidad de máximo intérprete de la Constitución, sea el organismo competente para efectuar el control formal y material constitucional automático, sin importar si la declaratoria supone o no la suspensión o limitación del ejercicio de derechos. Es por ello que, la presente disertación analizará la sentencias y dictámenes sobre los estados de excepción que suspendieron o limitaron el ejercicio de los derechos en el período 2008-2017, con la finalidad de determinar si el control efectuado por la Corte Constitucional fue idóneo y oportuno, con respeto de lo establecido por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
