La dirimencia de conflictos de competencia Interorgánicos en el Ecuador

Abstract

La confrontación constante e irracional entre los actores de poder del Estado bajo la lógica del más fuerte malogra la unidad estructural y funcional creada al servicio de los derechos humanos; el Ecuador conoce bien las consecuencias. El presente proyecto investigativo inscrito en el modelo concentrado de control constitucional aborda una temática que goza de poca difusión en nuestro medio pese a su expresa existencia en la normatividad sustantiva ecuatoriana desde hace más de una década: el procedimiento de dirimencia de competencias constitucionales. Por contrario, su uso habitual en otros ordenamientos jurídicos -especialmente europeos- ha hecho de éste procedimiento un objeto de estudio básico en las facultades de Derecho en razón de su adecuada utilidad para arribar a una solución legitimada de cuestiones problemáticas de la más alta dirección estatal. La escaza bibliografía nacional que se encuentra al momento respecto al tema completa el cuadro que nos motiva a hacer un aporte personal al indagar de la forma más exhaustiva posible este mecanismo jurisdiccional para que, así, su revisión ayude a entenderlo profundamente a cuantos se interesen en el tema, sin excluir, por supuesto, la posibilidad de futuras investigaciones armadas en su base. Aclarar la potencialidad de esta atribución dispuesta en la Constitución podría abrir definitivamente las puertas a la institucionalidad en el Ecuador. Más allá de la coyuntura política actual, la experiencia nacional da numerosos ejemplos de atropellos al Código Político de turno que pudieron haber sido afrontados de haber mediado la acción de un cuerpo jurisdiccional que decidiera la problemática en Derecho. No obstante, la falta de conocimiento del alcance de esta competencia la ha condenado al desuso. En vista de que fue una disposición tomada de otros sistemas jurídicos, sin desarrollar previamente su significado en el Ecuador, no se llega a comprender el fundamento de su existencia. Es así como se pierde de vista un arma tan importante con la que ya se cuenta y se permite vez tras vez que los actores del poder estatal midan fuerzas sin control, muy a pesar de la constitucionalidad de sus maniobras. Por ende reviste gran interés desentrañar la esencia de este mecanismo inherente del control constitucional para así instrumentalizarlo y poder ponerlo a funcionar. Nuestra intención no es realizar una mera superposición de esta figura jurídica en circunscripciones foráneas, sino que se intentará probar la idoneidad y necesidad del mecanismo de dirimencia de competencias para lograr la convivencia pacífica de poderes en el Estado de Derecho. Se tratarán las particularidades, procedimiento y consecuencias del uso de la justicia constitucional para dirimir competencias entre órganos constitucionales. Primeramente entender la configuración y alcance de esta atribución. Analizaremos el procedimiento con el que se tramita y resuelve; asimismo, las características intrínsecas de su producto, una verdadera sentencia. Se observará la aptitud y conveniencia de la jurisdicción constitucional como referente del actuar de todo órgano estatal: arbitro máximo del juego político. El peticionario tendrá claridad para echar mano de dicha atribución de la Corte Constitucional cada vez que considere que el comportamiento del peticionado ha vulnerado -o al menos puesto en peligro- los derechos u obligaciones que la Constitución le asigna exclusivamente. Así, este modo reglado lo exime de tener que recurrir erráticamente al escándalo o al cuestionable maniqueo político para intentar resolver sus conflictos. Consecuentemente se encausa la conflictividad de las relaciones estatales hacia a un juez de jueces que solucionará la contienda desde un punto neutral y con sola base en el plan valórico diseñado en la Constitución. En definitiva, realizaremos un estudio extensivo del conjunto de ideas y datos que componen este valioso instrumento con el que cuenta el Estado constitucional democrático moderno que, dentro del actual proceso de reestructuración jurídica fundamental merced a la Asamblea Constituyente del 2008, no descartamos tenga potencialidad para influenciar la norma adjetiva que desarrollará el funcionamiento del control constitucional, lo que más aun aspiramos profundamente.