Abstract:
Los trabajadores del sector público de nuestro país y sus derechos, han sido un tema de controversia a nivel nacional desde hace muchos años. La lucha de ellos en pos de mejorar su vida y las limitaciones que ahora eso conlleva les ha visto obligado a ver lo que algún día podría significar la desaparición del sector sindical en el sector público ecuatoriano.
De esta misma manera, durante algún tiempo la ciudadanía fue una simple espectadora en las constantes pugnas que se daban en los contratos colectivos del sector público; lo cual hizo que a esta figura y a sus beneficiarios se les estigmaticen a nivel social y estatal.
En el 2006 entraba un nuevo Gobierno, el cual propugnaba cambios en todos los niveles estructurales del país, uno de ellos era la administración pública.
Para lograr este objetivo se tenía que volver a un poder originario, uno que permitiera reformar la Constitución y desde esa normativa superior reformar todas las instituciones del país.
Lo que no se hiciera por el consenso se hizo por imposición; la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes conformada para crear esta nueva Constitución, promulgó una serie de mandatos que servirían para probar su postura: el poder absoluto sobre todas las leyes del país.
Para el caso que nos concierne, la administración de empresas privadas en las cuales el Estado tenía la mayoría accionaria comprendía principalmente las que proporcionaban los servicios públicos; es decir agua, electricidad y comunicaciones. Su administrador, el desaparecido Fondo de Solidaridad, había probado hasta ese entonces que el manejo del dinero de estas empresas no era y nunca fue transparente, lo cual obligaba a tomar medidas al respecto.