Abstract:
La Constitución del Ecuador aprobada en el 2008, permitió considerar a las personas con discapacidades como un grupo de atención prioritaria, el cual no debe ser estigmatizado y tiene todo el derecho de acceder a educación, salud y plazas de trabajo dignas. En este contexto se implementó la Ley de Discapacidades que refuerza a la Ley de Inclusión para personas no videntes, creada a principios de los años 90. Además se cuenta con instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el 2008 la Vicepresidencia de la República del Ecuador liderada por Lenín Moreno y actualmente la Secretaria Técnica de Discapacidades, han trabajado en conjunto con organismos e instancias nacionales e internacionales para garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades, a través de la implementación de programas y proyectos de atención integral.
Según los datos generados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el 2013 en el Ecuador alrededor de un 35% del total de la población tiene algún tipo de discapacidad, desde leve hasta severa y de este porcentaje el 22.5% tiene discapacidad visual, y para esta investigación se ha seleccionado a este grupo específico como caso de estudio.
Las personas con discapacidad visual al formar parte de los grupos de atención prioritaria identificados en la Constitución y en el Plan Nacional del Buen Vivir, tienen el derecho a una educación gratuita, tratamientos de salud y a las mismas oportunidades que el resto de la población para la obtención de una plaza de trabajo.
En el caso de esta población en específico se ha identificado que solo un pequeño porcentaje de personas con discapacidad visual están insertas en plazas laborales, en la ciudad de Quito, en su mayoría son trabajadores informales, dedicados a venta de caramelos, músicos de calle, pedir donaciones en buses a cambio de entonar una canción u ofrecer un producto, entre otras
